Acceso al aborto en Puebla: cada vez más cerca

Acceso al aborto en Puebla: cada vez más cerca

GIRE, CAFIS y ODESYR ganaron el amparo contra la regulación del delito de aborto en el estado de Puebla. Esto significa que a ninguna mujer o persona gestante que reciba asesoría, asistencia o defensa por parte de cualquiera de estas tres organizaciones se le podrá negar el servicio médico, ni podrá ser criminalizada por abortar o ayudar a que alguien aborte, en el caso del personal médico, alegando la existencia del delito de aborto en el Código Penal del Estado.

Como parte de una estrategia integral que junto a otras organizaciones locales busca la despenalización legal y social del aborto, el amparo fue presentado el 18 de febrero de 2022 y el 14 de octubre del mismo año un Juez de Distrito estableció en su sentencia que los artículos del Código Penal del Estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos, y que es inconstitucional su prohibición así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar, siempre que medie consentimiento.

El Juez señaló, además, que si bien la Constitución local reconoce que la vida debe ser protegida desde la concepción, esto no implica que deba utilizarse el derecho penal para sancionar a quien decide interrumpir su embarazo.

El 11 de noviembre de 2022 el Gobierno del Estado impugnó la sentencia y el 8 de marzo del año en curso el Tribunal Colegiado informó que el Ejecutivo había presentado y ratificado el desistimiento, por lo que la sentencia de amparo quedará firme.

Esta decisión representa un gran avance para el ejercicio del derecho a decidir en el estado de Puebla y puede empujar a la despenalización del aborto en la entidad. GIRE, CAFIS, ODESYR y otras organizaciones aliadas hacemos un llamado al Congreso local para que reforme su legislación con base en la sentencia de la Corte, que establece la inconstitucionalidad tanto de la criminalización absoluta del aborto como del uso del derecho penal para prohibirlo, así como a los servicios de salud para que garanticen el acceso al aborto seguro.